SALTA (Redacción) – El diputado provincial de la UCR , Héctor Chibán fue protagonista de un singular hecho en el expeaje Aunor. Cuando su hijo mayor, Martín Chibán, regresaba desde la Ciudad de Buenos Aires a Salta. Según había denunciado mediáticamente en sus redes sociales, el diputado contó que se demoró a su hijo y se pretendió realizar acciones legales contra él. A este confuso episodio Chibán lo calificó como producto de una persecución política.
Sebastián Lachs, médico denunciado por Chibán, por su parte habló acerca de que el diputado provincial había manifestado que el procedimiento del ingreso del hijo a la provincia fue compatible con una persecución política. Por «todas las observaciones que les he formulado al gobierno de la provincia en este último tiempo y en particular al ministerio de salud». Lachs señaló que «yo no puedo hablar de persecución, yo hice mi trabajo», finalizó.
Decreto 255/2020
Lo que llamó la atención de la denuncia del diputado radical fue la tardanza de la misma. El suceso que sufrió el hijo fue el pasado domingo 24. Mientras que la denuncia legal fue realizada el día lunes 25, alrededor del medio día. Sin embargo, la misma se conoció en el día de hoy al realizar un posteo en su cuenta de facebook, donde además de emitir su testimonio citó pruebas fílmicas del procedimiento. Esto se conoció minutos después de dar una entrevista periodística en una radio local.
Lo que llega a suponerse del suceso es que Chibán decidió esperar para ver cómo se resolvía el suceso. Ya que tuvo contacto con su hijo al trasladarlo unos diez metros en su vehículo particular. Por protocolo, las autoridades sanitarias le pidieron que realice la cuarentena junto a su hijo en el hotel que se asigna a los recién llegados a la provincia. Y en ese sentido la policía de la provincia podría haber realizado la detención. Algo que no pasó.
El poder de la policía para detener a quienes realicen la propagación de una pandemia está facultada en el polémico decreto 255, podría haber sido uno de los motivos por los cuales el diputado se vio obligado a mantener el silencio. Recordemos que desde SALTA4400 consignamos la inconstitucionalidad del decreto ya que «el Código Penal establece una pena para quien propaguen una epidemia o una pandemia, y el Código Contravencional de la Provincia establece también una pena de hasta 20 días de arresto», sin necesidad de crear nuevas penas por el Poder Ejecutivo.
