SALTA (Matilde Serra) – En los últimos días la gestión del gobernador Gustavo Sáenz se vio envuelta en críticas por los accionares de los efectivos que deben hacer cumplir la cuarentena obligatoria. Lo llamativo es que hubo denuncias por parte de opositores y también dentro de los propios funcionarios que son parte de la gestión. Al parecer, todos han sido víctimas de las «competencias» asignadas en el decreto 255/20 que el gobernador promulgó en esta cuarentena.
¿Qué dice el decreto 255/20?
El decreto en cuestión recibió desde su promulgación muchas críticas. En el mismo se decide otorgar ciertas facultades a los efectivos de la Policía provincial que realizan los controles de cumplimiento del aislamiento obligatorio. Organismos de derechos humanos denunciaron que a la fuerza se le permite avanzar con arrestos y condenas sin intervención del Poder Judicial. Bajo la premisa de incumplir la cuarentena.
Específicamente el decreto sostiene que «Dentro del régimen excepcional establecido en el artículo precedente. Dispónese que será sancionado con arresto de hasta sesenta (60) días o multa de hasta sesenta (60) días, el que injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, o fuere arbitrariamente remiso en darle cumplimiento».
Prohibición de circulación
Este tema marca un antecedente muy serio y que los organismos de derechos humanos toman como leading case para evitar que este tipo de medidas se extiendan a otras provincias. En el marco de la emergencia por la cuarentena, que ya ha tenido varios episodios de gobernadores e intendentes actuando al filo de la ley o por sobre ella. El caso más repetido es la prohibición de circulación. Una medida que desde Nación reiteraron que es ilegal pero que se mantiene en provincias y municipios.
En el hecho puntual de prohibición de circulación se encuadra el inconveniente que se registró en Puesto Control Quijano. El ciudadano se dirigía a la casa de su esposa ubicada a unos 10km de donde fue interceptado por los controles. Los efectivos intentaron prohibir el traslado del hombre hacia Finca Cámara. Lo que llama la atención es que se permite las reuniones familiares y el fútbol, pero no ir a buscar a un familiar a una distancia corta.
Pero todo esto no queda aquí, en las redes sociales se habla de una dictacuarentena, e incluso se mencionan casos en los que sufrieron algún tipo de abuso por parte de los policías de Sáenz. El autoritarismo del gobernador, su tono paternalista, en el que asegura que «si se portan bien», se seguirán habilitando actividades o rubros, pero que en el caso contrario se retrocederá en las medidas de flexibilización, evidencian que las cosas deben hacerse según lo indica, o caso contrario, se procederá a un castigo, como lo hace un padre con sus hijos.
