SALTA (Redacción) – A fines de marzo, miles de salteños buscaron inscribirse para recibir los 10 mil pesos de asistencia económica que brinda el Gobierno nacional. Por entonces, muchas familias no pudieron acceder a este dinero por diversas cuestiones. Sin embargo, una de las cuestiones que más furia despertó al respecto estuvo relacionada con la detección de fraudes entre los anotados. En ese sentido, confirmaron que ocho funcionarios y empleados municipales de Guachipas tramitaron el IFE.
Según consigna el portal de noticias Salta Comparativa, ocho personas que cuenta con empleados dentro de la administración pública comunal intentaron acceder al cobro de este dinero. Precisamente, esta información puede comprobarse en la base de datos de la ANSES, donde están registrados todos los argentinos que iniciaron este trámite. Igualmente, afirmaron no todos estos individuos consiguieron la correspondiente aprobación de sus gestiones.
Estafas en Guachipas
Uno de los motivos de mayor repudio que esbozaron los habitantes de Guachipas es que entre estos ocho trabajadores hay varios funcionarios. Incluso, dos de los dirigentes que solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) forman parte del Gabinete comunal. En primera instancia se encuentra el titular de la Secretaría de Gobierno, Ramón Apaza, quien particularmente llevó a cabo al trámite pero no resultó beneficiado.
En tanto, el responsable de la Secretaría de Transporte local, Jorge Arjona, también efectuó esta maniobras. De esa manera, percibió la primera cuota del IFE, aunque no pudo obtener el segundo porque no inscribió su CBU. Otro de los involucrados en estas acciones fraudulentas fue el Jefe de Compras, Walter Alfaro, quien resultó rechazado por el sistema. A vez, la titular de la Tesorería de Guachipas, Virginia Vázquez, recibió los primeros 10 mil pesos.
Entre las personas que percibieron las dos cuotas de esta ayuda económica se destaca la secretaria del Intendente, Gabriela Ocampo, Con distinta suerte, también se anotaron las secretarias administrativas Eliana Reales y Guadalupe Sajama. Mientras que la primera no pasó la inscripción, la segunda consiguió cobrar el primer pago, al igual que la responsable del CIC local, Fernanda Cari. Semanas atrás, la Justicia provincial había accionado contra el concejal Héctor Sebastián Cari por este mismo motivo. A causa de ello, el edil quedó a un paso del juicio.
