SALTA (Redacción) – La concejal Romina Arroyo hizo referencia a las problemáticas que atraviesa uno de los proyectos ambientales más importantes de la capital. En ese sentido, contó que les aseguraron que el municipio no puede terminar las obras del vertedero San Javier. Durante la previa de la reunión de la Comisión de Legislación General, manifestó que la inflación provocó que los costos de la propuesta se elevaran descontroladamente.
En declaraciones a a FM 91.1, Arroyo brindó detalles de la gestión de esta iniciativa durante la anterior administración comunal. «Cuando abandonó el municipio, Gustavo Sáenz dejó un plazo fijo para la compra de la geomembrana para la cuarta trinchera del vertedero San Javier». Sin embargo, advirtió que «como no se colocó oportunamente, desde la municipalidad nos informan que no la pueden comprar con ese dinero porque los precios se han disparado».
Leasing y residuos
Frente a este panorama, la concejal recordó que «el leasing «es un reordenamiento financiero, un alquiler con derecho a compra». Es lo que se estima que se va a gastar, un contrato mediante el cual se traspasa el derecho a usar un bien», describió. De cara a la posibilidad de que el Ejecutivo invierta más de 8 millones de pesos en un nuevo convenio para obras públicas, advirtió: «Es importante que sepamos cuál es el objetivo que se le va a dar».
En relación a la recolección de basura, Arroyo aludió que el Concejo Deliberante ha realizado «aportes muy importantes a lo que se llamaba licitación». «Hemos tenido reuniones con representantes del Ejecutivo en una mesa de diálogo», añadió. Luego, mencionó que el coordinador Jurídico y Legal del municipio, Daniel Nallar, «había propuesto hacer un contrato mediante una locación de servicios». Sin embargo, formuló que los ediles lo instaron a «respetar nuestras leyes».
«Nuestra carta municipal dice que la recolección de residuos es un servicio público tiene que hacerse a través de un contrato de concesión pero, en este caso, insistía que sea un contrato de locación. Sin embargo, nos escucharon y respetaron nuestras leyes», relató. A raíz de ello, Arroyo comentó que ya el Gobierno municipal ya les mandó «el pliego», al que calificó como «muy similar al proceso de licitación que se llevó anteriormente». «Los ciudadanos pagamos aproximadamente 3 millones de pesos por día para la recolección de residuos. Insistimos en que sea un servicio mejor»,sentenció.
