SALTA (Redacción) – El robo de caños del Gasoducto NEA salió a la luz como tantos otros puntos débiles de la política durante la pandemia de Coronavirus. Fue tal su dimensión que la noticia captó la atención de medios nacionales que buscaban transparentar el modus operandi de este robo monumental. Un dato no menor, es que en él algunos aducen estarían involucrados nombres importantes de la política local y nacional.
El Ministerio Público Fiscal, está representado conjuntamente por la Unidad Fiscal Salta y las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal. El mismo formalizó y amplió las imputaciones a nuevos acusados por el robo de caños del Gasoducto NEA. La investigación iniciada en febrero continúa en marcha, arrojando nombres y acusaciones que dan cuenta de un detrás de escena bastante más grande de lo que parece.
Fue el juez federal Gustavo Montoya, quien encabezó la audiencia de tres horas que se realizó en el marco de la causa que investiga el robo de caños del Gasoducto del NEA. En una entrevista brindada a Radio Aries 91.1, Montoya detalló que por el momento son 11 los imputados, uno prófugo. Se trata del mendocino Adrián Antonio Vera, dueño de Osyp, la empresa que compró los caños.
El presente de la causa
Luego que algunos de los caños sustraídos sean encontrados en Buenos Aires, se amplió la imputación contra el empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA. También ampliaron la imputación contra el intendente de Aguaray, Enrique Prado, por el delito de fraude a la administración pública. Al mismo se le atribuye “haber confeccionado una resolución que permitía la descontaminación del suelos a través de la extracción de los caños del gasoducto de 200 kilómetros”.
Detalló que la investigación lleva tres de los seis meses que tiene como plazo máximo para concluir, de acuerdo a lo establecido en el nuevo sistema procesal penal que se aplica en Salta y Jujuy. En este contexto, el juez aclaró que ha cesado la actividad delictiva que consistía en transportar los caños, comprarlos y en algunos casos reducirlos.
Teniendo en cuenta que en su momento Prado responsabilizó a La Cámpora por la situación, Montoya fue consultado sobre la participación de figuras políticas de renombre nacional y lo descartó. “Simplemente no”, respondió el magistrado. Por esta razón, Montoya sostuvo que “no daría para ampliar la imputación hasta que no sean esta personas claramente individualizadas y que han llevado adelante esta modalidad delictiva”.
Aguaray continúa en la mira: el intendente y el secretario de Hacienda suman acusaciones
En la audiencia realizada por videoconferencia, el fiscal Eduardo Villalba, amplió la acusación penal por el delito de fraude a la administración pública. En ella involucra al intendente del municipio de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y el secretario de Hacienda de dicha municipalidad, Fredy Marcelo Céspedes. Cabe recordar que los mismos ya habían sido imputados el 18 de mayo pasado, aunque no por este hecho, descubierto con posterioridad.
“Todos los caminos conducen a Prado”, advirtió el fiscal. La hipótesis es que fue quien posibilitó la desafectación de los caños a partir de una resolución municipal, que sirvió para el saqueo del material por parte de distintos implicados. En ese marco, solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto a Prado, como así también pidió que se le prohíba salir del país.
En esa intervención, Prado avaló la extracción de los caños y su entrega a la empresa OSYP SA, bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente.
Más causas y sospechosos
Cabe señalar que en la primera audiencia por este caso, Villalba ya había imputado a Prado, Céspedes y al empresario Diego Alos, titular de la firma OSYP SA, por el delito de fraude a la administración pública. En aquel momento, no descartó nuevas imputaciones, como así también acusaciones contra otros implicados. Por su parte el fiscal José Luis Bruno, siguió con la acusación e imputó el delito de robo calificado a cuatro nuevos implicados.
Se trata de Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton Rene Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de MyP, ex WeatherFor. En su exposición, Bruno sostuvo que los acusados participaron de las maniobras realizadas el 14 de abril pasado. Las mismas llevaron a la sustracción de 170 caños del gasoducto en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de la localidad General Mosconi.
Finalmente, el fiscal Marcos Romero, de la sede descentralizada de Tartagal, se refirió a la acusación penal que pesa sobre Miguel Angel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez por el delito de robo calificado. Mientras tanto, al intendente Prado, el representante del MPF le amplió la imputación por el delito de fraude a la administración pública.
Algunas de las respuestas de los acusados
Concretadas las imputaciones, los acusados, con excepción de Céspedes, negaron los hechos y se remitieron a los descargos ya presentados. El secretario de hacienda de Aguaray, en tanto, sólo reiteró su inocencia y descargó toda la responsabilidad sobre su ex jefe comunal. El abogado Fernando Teseyra, defensor de Prado, planteó la nulidad de la acusación realizada respecto a la vinculación entre Rodríguez y el intendente.
Asimismo, se opuso al pedido del fiscal Villalba sobre el levantamiento del secretario bancario y fiscal del intendente. Ante ello, el propio Prado solicitó la palabra y admitió que sus cuentas bancarias sean revisadas por la justicia. El juez Montoya, en tanto, dio por formalizadas las imputaciones y ampliaciones hechas por el tridente fiscal. Paralelamente, también rechazó la nulidad requerida por la defensa del jefe comunal.
