SALTA (Redacción) – La desigualdad social es parte de una realidad característica en el país y la Provincia de Salta también. Una lógica distorsionada que genera realidades paralelas y por ende, recorta oportunidades según dónde se elija poner la lupa. En este marco, algunos profesionales buscan forjar un presente más justo aunque eso cueste vida. En diálogo con Salta 4400, el Dr. Roque Rueda contó a cerca de la presentación de un amparo para poder acceder a información pública al respecto de cuánto cobran los jueces de la Corte.
Según indica Rueda, la investigación inició de la mano de Gonzalo Coraita que es el director de una organización que de llama “Salta Transparente”. La misma promueve el libre acceso a la información en poder del estado y la transparencia de los actos de gobierno desde hace 10 años. “A principios de año se presenta una nota ante la Corte pidiendo que se informen todos los sueldos, los haberes que hayan percibido los jueces de la corte durante los años 2018 y 2019 y eso no tuvo respuesta”, recordó.
Luego de 24 meses, Guzmán Coraita presentó una reiteración del pedido diciendo que al no acceder, iba a recurrir a la justicia. Rueda manifestó que pasaron tres semanas y Coraita recibió una respuesta evasiva de la Corte que no tenía la información. Por ello, se tomó la decisión de ir a la justicia para que sean ellos quienes le ordenen a su órgano máximo a entregarle a un ciudadano la información pública que había pedido.
“Llega una cédula con un argumento falso, inadmisible. Se toma de un artículo de la ley de acceso a la información pública nacional que era cláusula transitoria, explicando que esa ley que se dictó en el 2016 iba a entrar en plena vigencia en un año, es decir en septiembre 2017”, recordó Rueda. En este sentido, la provincia de Salta adhirió a esa ley en diciembre del 2019.
“La Corte sugirió en su comunicación que estaría todavía en curso ese mismo plazo respecto a la provincia de Salta. Lo que no tiene sentido jurídico porque cuando la provincia de Salta adhiere fue de forma irrestricta, ya estaba en plena vigencia hacía dos años, desde el 2017”, comparó Rueda.
¿Caben suspensiones para los derechos de los ciudadanos?
A su vez, analizó que la suspensión de plazos que había fijado la ley, “no era una suspensión del derecho ciudadano acceder a la información pública». Sólo se trata de una suspensión a ciertas cuestiones operativas y organizativas. Es el caso de la creación de una agencia nacional de accesos a la información; la organización de dependencias encargadas de brindar información pública o la preparación de las páginas web en las que tienen que estar publicadas las remuneraciones de los funcionarios.
En esta línea, aclaró que no puede existir una suspensión del derecho al acceso a la información que existe desde siempre. “Que ni se puede suspender porque sale desde la constitución y desde los tratados internacionales”, subrayó Rueda. “Esto que utilizo la corte es absurdo. No tiene sentido jurídico. La ley nunca dejo en suspenso el derecho al acceso a la información. No hay forma de dejarlo en suspenso”, agregó.
El estado de la causa
Por su parte, el amparo ya está iniciado y consta de un primer decreto. “Hay algunos detalles puntuales del amparo que el juez dijo que tiene que contestar la demanda el fiscal de estado. Para nosotros tiene que responder el juez de la corte, porque hemos hecho una presentación en el día de hoy. De ahí nace un plazo de 5 días, para que conteste la demanda”, explicó.
Lejos de necesitar un amparo. Rueda apuntó que el costo que tienen para el Estado los jueces de la corte, es la remuneración del cargo que desempeñan pagados por fondos del Estado mismo. “Las dificultades que puede tener, tal vez sean políticas, corporativas pero no me es una cuestión de dificultad de derecho”, aseveró Ruedo al respecto del amparo en cuestión.
“Se está pidiendo de los últimos 24 recibos de sueldos. Si no se da es porque no se quiere dar”, arremetió.
La (des) igualdad de condiciones
Consultado al respecto de la negación sobre brindar información, Rueda aclaró que son conjeturas. “Un poco puede ser una concepción institucional, ya que al reconocerse jueces de la corte, entienden que no tienen por qué darle explicaciones a un ciudadano que quiere conocer cuánto cobran”, manifestó Roque al respecto de esta equivocada concepción respecto de la República.
“Debemos hacerle notar a los altos funcionarios del Estado y de la Justicia, que son ciudadanos como cualquier otro, pero que todo lo que atañe a su función es público, incluyendo la remuneración que paga. Que no tienen derecho a retrasar información. Es un estándar establecido”, advirtió.
Salta: la isla de los secretos
Rueda entiende que no se puede querer hacer de Salta “una isla manteniendo un secreto». “Es una costumbre de manejar de esa manera el poder”, criticó. Precisamente, contó que otro motivo del silencio puede ser que el sueldo sea muy mayor que cualquier otro sueldo público al punto tal que no quieran decirlo. Por este motivo, apuntó a la composición de ese sueldo.
“Porque lo que se dice es que los jueces tienen un sueldo básico y a ese sueldo básico le van sumando adicionales por actividades que desempeñan que están dentro de su obligación o tareas. Cómo miembros del colegio electoral, de la magistratura, entre otros. En principio esos cargos no tienen por qué implicar un aumento en la remuneración. Eso sería como un sobre sueldo en blanco, pero secreto que es lo paradójico”, reflexionó.
De hecho, trajo a colación la Constitución argentina. En la misma se desarrolla otro apartado sobre las asignaciones extraordinarias por las atribuciones en tanto como jueces de corte. “Los funcionarios del estado que se le asigna otras tareas no pueden cobrar asignaciones extraordinarias”, concluyó Rueda.
