SALTA (Redacción) – Lejos de ser un calmo domingo como solíamos acostumbrar, la pandemia hizo de los mismos el día de los anuncios oficiales; el día en el que conocíamos más y nuevas medidas en torno a restricciones y flexibilizaciones que delinearon nuestro andar. En este marco, el gobernador Gustavo Sáenz oficializó ayer la fase 1 pero también aprovechó su momento para dar cuenta de algunas acciones complementarias. Es el caso de la donación de su sueldo así como la denuncia pública de las amenazas, de las que dijo ser víctima.
“He recibido amenazas, de todo tipo. He recibido amenazas de todo tipo, porque lamentablemente, detrás un teléfono privado o detrás de un…o en las redes sociales se esconden los miserables, los que no se animan a dar la cara, los que no se animan a decir las cosas de frente. No me van a amedrentar, no me van a asustar”, afirmó el gobernador salteño.
Lo hizo durante el mensaje en el que anunció medidas vinculadas con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que rigen desde este lunes y hasta el 11 de octubre de 2020 inclusive. Las mismas figuran en los términos de los artículos 3º y 11 del DNU Nº 754/2020. Además, aplican para los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital. El resto de los departamentos de la Provincia, continuarán con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
La celeridad de la justicia en contados casos
Tras ello, por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal penal 1, Pablo Rodrigo Paz, inició de oficio una investigación. La misma investiga supuestas amenazas contra el gobernador de la Provincia, Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz. El fiscal penal Pablo Paz, busca rsclarecer las amenazas que habría recibido el mandatario provincial.
Cabe recordar que, el delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal. Está previsto en el artículo 149 bis 1er. párrafo del Código Penal Argentino. Este artículo asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas. La pena se elevará (de uno a tres años de prisión) siempre que se utilizaren armas para cometer este delito, o si las amenazas realizadas fueran anónimas.
