SALTA (Redacción) – La generosidad del Estado es a veces un motivo que atenta contra la alternidad en los cargos que se ocupan en materia de gestión pública. Algunas funciones sin fecha de caducidad, otras que se reciclan constantemente, dejan mucho qué pensar. En este marco, se conoció el retorno de un reconocido ex funcionario. Se trata del Cr. Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu.
El funcionario fue designado como Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura de la Provincia, con remuneración de personal de apoyo nivel 2, función SIGEP P1. En este sentido, el boletín oficial, aclara además que el gasto que demande el cumplimiento de la presente, deberá imputarse a la partida respectiva y curso de acción correspondiente de la Sindicatura de la Provincia.
La ruta profesional de Savoy Uriburu como funcionario
Pero vale recordar quién es Emilio Savoy Uriburu y qué roles marcaron su trayectoria en materia de función pública en Salta. Se trata de una larga lista de cargos que definen su gestión. Por ejemplo, fue el primer funcionario que la gestión de Bettina Romero removió de su cargo. Frente a ello, el contador público Daniel Amador, actual secretario de Gestión Humana y Recursos Materiales, ocupó el cargo de secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta. Precisamente, este cargo ocupaba hasta ese momento Emilio Savoy Uriburu.
Mucho se dijo al respecto de este polémico recambio, que dio lugar a hipótesis tales como que Savoy habría manifestado evidentes desencuentros con el Coordinador Jurídico y Procurador municipal, Daniel Nallar. Cabe señalar que este último, concentra la casi totalidad de las decisiones de gobierno. Sumado a este cambio de gabinete, la lista continúa.
Savoy Uriburu se desempeñó como subsecretario de Presupuesto durante una gran pate de la gestión de Miguel Isa. Tras ello, retuvo idéntica función con la gestión municipal del ahora gobernador Gustavo Sáenz. Después reemplazó al secretario Pablo Gauffin. Este último renunció tras el escándalo público derivado de una investigación que hizo la Justicia Federal con intervención de AFIP. En aquella ocasión se investigaron facturas apócrifas tramitadas desde la computadora del funcionario por las empresas Arcadio y CECSA, beneficiarias a su vez de un importante número de obras.
