SALTA (Redacción) – El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, prometió restablecer las audiencias públicas para los desmontes en Salta. Este compromiso lo asumió tras las observaciones que realizaron desde el Ministerio de Ambiente de la Nación sobre la eliminación de los mecanismos de control en los procesos de deforestación que se realizan en la Provincia.
Como bien apunta el DDN, la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, “observó” la resolución que permitía deforestar en Salta sin procesos participativos. Por esta polémica determinación, surgió un intercambio de notas desde el 26 de octubre, cuando la funcionaria le envió una misiva a De los Ríos. En su nota, Gómez recordó la Ley de Bosques Nativos Nº 26.331 y la Ley General del Ambiente Nº25.675.
Además, la funcionaria remarcó que se deben considerar: “Los principios de progresividad y no regresividad ambiental propios de las leyes de presupuestos mínimos”. También observó que la polémica norma, la resolución 333, «faculta a la Autoridad de Aplicación a eximir al proponente de la realización de la audiencia pública». «Permitiendo la discrecionalidad o arbitrariedad. Al no definirse taxativamente en base a criterios objetivos el alcance de los términos ‘baja intensidad o intervención’», apuntó.
«Restablecer un procedimiento de participación pública»
De la misma manera, Gómez recordó que el artículo 20 la Ley General del Ambiente establece que se deben institucionalizar procedimientos de consultas. Así también las audiencias públicas como instancias obligatorias para autorizar aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. «Se observa la necesidad de restablecer un procedimiento de participación pública para los Planes de Cambio de Uso de Suelo», solicitó la secretaria de Política Ambiental de la Nación.
Cabe recordar que la polémica resolución 333 fue firmada por el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal. Por esta razón, con la medida se eliminaron las audiencias públicas para desmontes de hasta 1500 hectáreas. Además se quitó la obligación de presentar estudios de impacto ambiental y social (EIAS). De esta forma, quedaba en el Gobierno de la Provincia determinar si estos procesos de desmontes eran de bajo impacto sobre el medio ambiente.
