SALTA (Redacción) – El Gobierno nacional avanza con la denuncia contra Mauricio Macri por el endeudamiento de la Argentina. En estos momentos, las autoridades pulen la presentación judicial que en breve enviarán hacia los tribunales federales de Comodoro Py. Cabe destacar que la investigación judicial fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, quien calificó a la gestión anterior como «la mayor administración fraudulenta de la historia».
Según explicaron fuentes cercanas al Gobierno nacional, la acusación estará lista en un «breve plazo», cuando culmine el proceso de revisión. Luego, pasará por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Félix Crous. Por otro lado, señalaron que dicho proceso contará de tres etapas: la auditoría de la Sigen; la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional.
Denuncias previas
Días antes del anuncio de Alberto Fernández, comenzó a circular por despachos oficiales la denuncia por la toma de deuda presentada en 2019 por el director del Banco Nación, el economista Claudio Lozano. Dicha iniciativa judicial apuntaba contra Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros.
Este caso cayó en las manos de del juez Sebastián Ramos, quien finalmente le otorgó el caso a su colega María Eugenia Capuchetti. Asimismo, la magistrada acumula en su juzgado una serie de denuncias previas, por las cuales se impulsó una investigación, en un dictamen de 63 carillas. Aquí se englobó todas las acusaciones presentadas hasta ese momento en el fuero federal porteño.
En ese marco, tenían como objetivo investigar si Mauricio Macri y a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso, ya sea encabezándolo o dirigiéndolo, obtuvieron algún «beneficio económico indebido» para sí o para terceros por el endeudamiento. También investigarán si pudo haber tráfico de influencias o uso de información privilegiada y si se saltearon procedimientos administrativos fijados por ley. En ese sentido, Picardi aludió en su dictamen a «cierta opacidad con la que se ha gestionado un asunto público tal como la suscripción de un empréstito de tamaña envergadura».
