SALTA (Redacción) El próximo 4 el julio, en Salta se realizarán las elecciones provinciales, y según un informe, los partidos y frentes políticos, sufrieron una drástica reducción. Esto se manifiesta en contrapunto a lo que pasaba por allá por el año 2019, en donde los partidos políticos tenían una tenencia de crecimiento sostenido. De 70 agrupaciones estaban reconocidas en enero pasado y hoy son solo 46 las agrupaciones que figuran en el Tribunal Electoral como reconocidas para participar en las próximas elecciones.
La legislación electoral de la provincia de Salta establece que las agrupaciones tienen como único ámbito de actuación los municipios y solamente pueden presentar candidatos para cargos de intendente y de concejales. En la elección de medio término de este año se renovarán 343 escaños de los concejos deliberantes de los 60 municipios que tiene la provincia y también se elegirá al intendente de Aguaray, cuyo ejecutivo se encuentra intervenido, para completar el mandato hasta 2023.
Ante la suspensión de las tan criticadas PASO, las nuevas reglas de juego, la elección de candidatos de la mayoría de los partidos queda a cargo de las cúpulas, y eso hacía pensar que iban a aparecer más agrupaciones municipales, pero no fue así, porque por el contrario, se registra una drástica reducción de los conglomerados políticos municipales y vecinales que cuentan con reconocimiento para participar en las próximas elecciones del mes de julio. Los motivos que algunos detallan es la pandemia, que impidió por mucho tiempo viajar a la capital salteña para reafirmar la vigencia ente el Tribunal Electoral. Otro motivo que apela es la constitución y sus reformas, que muchos consideran que puede influir la ley que tiene media sanción del Senado y con la cual se pretende establecer nuevas exigencias.
Desde la Legislatura provincial se quieren fijar nuevas requerimientos porque se considera que la legislación actual es muy elástica porque permite constituir partidos municipales y vecinales con solo 350 adherentes. Los senadores de la provincia, por otro lado, sumaron a la ley, el piso de adherentes a partir de la cantidad de habitantes de cada municipio y fijar requisitos para certificar las adhesiones. Además, otorgar facultades al Tribunal Electoral provincial para ese control y fijar como sanción la imposibilidad de continuar con el trámite en caso de incumplimiento.
Por ahora, este proyecto de ley sería la causa por la cual este año todavía no hubo definición para algunos pedidos de reconocimiento efectuados por nuevas agrupaciones. En febrero, estaba prevista una audiencia relacionada con la solicitud que hicieron cinco nuevas agrupaciones pero hasta el momento no se informó si se hizo la audiencia y cuál fue el resultado de la misma.
