SALTA (Redacción) – Los legisladores que integran la Comisión de Agricultura, Transporte y Ganadería del Senado de Salta recibieron este miércoles a representantes del Centro de Obrajeros del Norte y de la Sociedad Rural Salteña. El objetivo del encuentro era debatir sobre la normativa que busca impulsar la «industria maderera» en Salta. Y al mismo tiempo prohibir la salida de árboles de especies nativas que no tengan «valor agregado» y que frenaría la tala ilegal que azota a los montes salteños.
Sobre esta actividad, desde el Senado describieron que la Iniciativa busca «prohibir la salida del territorio provincial de productos forestales que no hayan sido sometidos previamente a un proceso de industrialización que les otorgue valor agregado«. Y respecto a los dirigentes empresariales aseguraron que «se acordó un trabajo articulado con el sector productivo a los fines de enriquecer el proyecto».
Cabe mencionar que se trata de un proyecto de Ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de Salta. Y entre varios puntos establece la mencionada prohibición de salida del territorio de Salta «de productos forestales correspondientes a especies nativas, cuya extracción haya sido autorizada por la Autoridad Local de Aplicación». Del mismo modo tampoco puede salir de Salta los ejemplares «sin haber sido sometidos a un proceso previo de industrialización que les otorgue valor agregado».
Los «peros» y advertencias de las empresas
La presidente del Centro de Obrajeros, Rebeca Loutaif, coincidió con su par de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río. Ambos destacaron el «espíritu del proyecto» como una herramienta para generar valor agregado a los recursos naturale. «Incentivando la industrialización y generando capacitación, tecnificación y nuevos puestos de trabajo», describieron ante los legisladores. Sin embargo, manifestaron sus advertencias.
«Deben incorporar otros elementos para no romper una cadena de valor que pueda perjudicar a los productores», citaron desde la Legislatura sobre un pedido. Además, revelaron que el sector empresarial: «Remarcó que las restricciones que marca el proyecto obligan a incorporarle mayores precisiones, dado que hoy Salta no cuenta con la capacidad industrial instalada para dar el valor agregado que propone la iniciativa y ello implicaría la imposibilidad tanto de industrializar la madera como de sacarla del territorio».
En este mismo sentido, los dirigentes sostuvieron que «se debe precisar el alcance de la palabra ‘valor agregado'». «Una mínima intervención a la madera no es igual a su industrialización integral», apuntó el comunicado del Senado. Además, los presentes del sector privado «advirtieron que en Salta existe carencia hasta de secaderos de madera, por lo que antes de sancionar el proyecto es necesario generar otras condiciones en el mercado».
«Responsabilidad ambiental» y «trabajo conjunto»
Por último, también pusieron énfasis en que Salta cuenta con más de siete millones y medio de hectáreas de bosques nativos. «Y de allí la importancia de la actividad, ejercida con responsabilidad ambiental», describieron. Mientras tanto, el senador Walter Wayar propuso «la articulación del trabajo con la comisión para avanzar con distintas propuestas que lleven a perfeccionar el proyecto».
«Entre ellas citó como alternativas la posibilidad de condicionar el funcionamiento de esa Ley a la asignación de fondos que le corresponden a Salta por la Ley Nacional de Ordenamiento de Bosques Nativos, que no están siendo enviados en su totalidad por el gobierno federal y que pueden servir para financiar incentivos a la radicación de industrias», apuntó el legislador. La idea es trabajar en conjunto para “producir conservando y conservar produciendo”, resumió Wayar.
