SALTA (Redacción) – Las provincias de Salta y Jujuy obtuvieron un permiso de la Justicia para distribuir más de 800 kilos de hoja de coca que fueron incautadas en causas vinculadas al contrabando. Como bien se informó, hay un fuerte desabastecimiento del producto de consumo cotidiano. Esto se debe al aislamiento social y obligatorio a raíz de la pandemia de coronavirus. Incluso se elevaron proyectos de ley para autorizar su importación.
Los argumentos de la aprobación para repartir
Mediante una resolución conjunta, los fiscales federales Eduardo Villalba y Federico Zurueta, y el titular de la Procunar, Diego Iglesias, dieron una solución transitoria a la problemática sin precedente. De esta forma, luego del pedido de las autoridades de ambas provincias, autorizaron la entrega de 864 kilos de hoja de coca. Toda esa cantidad había sido secuestrada en distintos oficios contra el contrabando. Según informaron serán para su distribución gratuita en la comunidad.
Cabe detallar que según los considerandos del texto de la Justicia, justificaron que los pedidos hechos “resultan atendibles” ante el desabastecimiento que se registra ante el cierre de fronteras. Además, apuntaron que la escasez: “Traería aparejado una conculcación de prácticas ancestrales de los pueblos originarios que se han extendido a toda la sociedad jujeña y salteña”.
Por otra parte, también señalaron que la práctica del coqueo es de carácter ancestral. “Es la base de la identidad de los pueblos indígenas, arraigada culturalmente, pero de apropiación de todas las clases pues se encuentra incorporada a la vida cotidiana», asegura la decisión firmada por los fiscales. Según consignó uno de los reportes presentados ante la Justicia, la hoja de coca cuenta con propiedades que mitigan “el hambre, la sed y el cansancio físico”.
Un pedido para frenar la quema de coca incautada
Por último, cabe recordar que el pasado 7 de mayo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reclamó esta medida a las autoridades del Ministerio Público Fiscal. También solicitó a la AFIP y a la Secretaría General de la Presidencia que se frene la quema del material incautado. En la misma sintonía, el ministro de Seguridad salteño, Juan Manuel Pulleiro, solicitó el 18 de mayo el mismo requerimiento. También se comprometió a proceder a respetar “íntegramente la trazabilidad y transparencia de dicho proceso”.
