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El gobierno de Sáenz quiere procesar a quienes lleguen en aviones privados al aeropuerto aunque no tenga jurisdicción

Pese a señalar que no es jurisdicción provincial insisten en procesar repatriados en el aeropuerto.

gustavo saenz

SALTA (Redacción) – Dicen que las cosas que se hacen de manera impulsiva nunca tienen buen puerto, casi nunca. Eso parece haber pasado por la mente de cada uno de los funcionarios en la conferencia brindada primero por Gustavo Sáenz quien culpabilizó al AMBA por los contagios en el Norte. Sin embargo, las limitaciones impuestas para volver a la provincia determinó que lleven acciones penales contra los que intenten ingresar.

Pero lo llamativo fue que el ministro Ricardo Villada sostuvo que harían detenciones en zonas tales como el aeropuerto, donde la jurisdicción de Salta no tiene injerencia ya que corresponde a las autoridades nacionales labrar cualquier tipo de causa penal en ese lugar. Quizás toman estas decisiones por la necesidad de mostrar que las autoridades provinciales «están trabajando» y prefieren «ser juzgados por cosas de más» aunque estas sean inconstitucionales y por ende ilegales.

No sería la primera vez…

El gobierno de Sáenz se ha caracterizado por ir y venir en la línea fina de lo inconstitucional. En ese aspecto, ya en la semana la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con su titular Horacio Pietragalla Corti a la cabeza le había advertido al gobernador que se limite en emitir decretos y/o disposiciones en contra de la libertad de los salteños. En ese sentido, esta nueva disposición de querer tener injerencia en jurisdicción nacional le traerá nuevas denuncias.

Los funcionarios nacionales, que siguen de cerca la seguridad de los salteños, coinciden con las denuncias de los referentes de la provincia, quienes señalan que el accionar de la policía es sistemático. Hay una “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud” habían señalado.

En tanto, en esa misma línea la Secretaría solicitó la intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Provincial N° 255/2020 y que se le ordene al Gobierno de Sáenz a tomar a bien las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia. También se le recomienda no emitir resoluciones o decretos que pongan en peligro el derecho a la libertad de los ciudadanos.

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