SALTA (Redacción) – La Secretaría de Derechos Humanos de Nación denunció a las fuerzas de seguridad de Salta. Las cuales intervinieron en la brutal represión del martes en los asentamientos de los barrios San Calixto y Ampliación Parque La Vega. La denuncia es por abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio. Como se informó, la delegada en Salta de la Secretaría, que tiene como titular a Horacio César Pietragalla Corti, María Martínez Morales Miy, recorrió los asentamientos. Allí relevó testimonios de decenas de personas heridas en el suceso.
Como bien señala el DDN, desde la Secretaría de DD.HH. relevaron que el pasado 20 de mayo cerca de 1.100 familias, unas 3.000 personas, se encuentran asentadas en los terrenos fiscales San Calixto y ampliación Parque La Vega”. Una situación que reveló la grave crisis habitacional que atraviesa la Provincia. En tanto, Martínez Morales My afirmó que el martes hubo una represión «violenta e innecesaria». Los vecinos le relataron a la funcionaria que tuvieron que meter en un pozo de tierra a varios chicos. Para protegerlos de las balas de goma y el gas lacrimógeno que lanzó la Policía.
Brutal represión en Parque la Vega
Según expuso la funcionaria en su denuncia: «Testimonios de varios de los vecinos expresaron que las amenazas e intimidaciones fueron una constante por parte de los uniformados. Quienes se referían a los/as vecinos/as de forma despectiva y discriminatoria. Burlándose, insultando y en muchas ocasiones llegando a recargar sus armas enfrente de ellos/as a los fines de asustarlos/as y amedrentarlos/as». En diálogo con Salta4400, Martínez Morales Miy explicó: «Lo que tiene que suceder en la justicia es que de investigue».
De esta manera, durante su intervención, los vecinos del lugar revelaron a Martínez Morales Miy que después de la represión arribó un sólo móvil de ambulancia. El cual debía atender a más de cien personas heridas. Además, señalaron que quienes no se identificaran no recibían reciban ningún tipo de atención y tenían trasladarse al hospital. En tanto, la Secretaría de DDHH nacional planteó que se arribó a la represión por decisión de las propias autoridades de la fuerza. O de sus responsables políticos, por lo que debería esclarecerse.
Por su parte, el Frente de Todos en Salta repudió la política represiva del gobierno mediante un comunicado. «Una vez más arremetió con palos, balas y gases contra familias salteñas», remarcaron. De esta forma, el frente exigió el cese de la represión, y que se convoque a un «diálogo democrático con las organizaciones políticas y sociales». Además, exigieron la remoción del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro. Y apuntaron: «Un militar negacionista que ya ha demostrado cuál es su elección. El uso de la fuerza represiva antes que el diálogo o el diseño de políticas públicas en seguridad. Que incluyan la compleja trama social de la pobreza en la que vive la mitad de la población salteña».
