SALTA (Redacción) – El fin de semana conocíamos que el PAMI, la obra social que nuclea a uno de los principales grupos de riesgo como lo son los adultos mayores, no les garantizaba atención en el marco de la pandemia de Coronavirus. Ante la aparente falta de convenios con clínicas y sanatorios, desde la provincia decidieron llevar esta irónica realidad a la justicia.
En este sentido, el Defensor General de la Provincia Dr. Pedro García Castiella interpuso una acción de amparo colectivo en la Justicia Federal. El objetivo es que se ordene al PAMI que garantice, asegure y otorgue en forma inmediata la cobertura total, atención y asistencia médica de todos los afiliados de esa obra social que se encuentren presumiblemente contagiados por el virus COVID 19.
Caso contrario, figura un apercibimiento de la aplicación de multas a la Obra Social. También el apercibimiento de desobediencia judicial en caso de incumplimiento o incumplimiento tardío. Por todo esto, la Defensa Pública promueve la solicitud de esta medida cautelar tendiente a que cese la negativa y desatención. Como alternativa, proponen que se preste la cobertura necesaria y suficiente para asegurar el derecho a la salud de los afiliados.
La puja en medio del colapso sanitario
Asimismo, en los objetivos figura el evitar el colapsamiento de la Salud Pública a favor del resto de los habitantes. En sus fundamentos asegura que PAMI- como así también otras obras sociales – pretenderían aparentemente direccionar solapadamente a la salud pública la demanda de sus afiliados. Según consideran, esto sucede en clara evasión de sus compromisos asistenciales, para los cuales cuentan y han contado con suficiente tiempo previo, recursos y acciones asignados al efecto.
A ello, la Provincia le suma el agravante de que ante una eventual provocación de colapsamiento del sistema público provincial, se vea afectada la totalidad de ciudadanos que pudiesen llegar a demandar asistencia pública. “La Obra Social está imperativamente obligada a cumplir acabadamente con la satisfacción de las necesidades sanitarias de sus afiliados; no existe norma ni margen alguno para desatender e incumplir su obligación y el mandato legal, moral y humano”, reza el instrumento presentado.
Por otra parte se adelantó que la Defensoría General demandará también a otras Obras Sociales en las que se verifique el mismo incumplimiento. Finalmente, esto saca a relucir una grieta que en las últimas horas pone frente a frente al sector público y privado. Además de las históricas diferencias, ambas partes se pasan la pelota reclamando realidades muy distintas en las que prima una verdad: la gente necesita ayuda.
