SALTA (Redacción) – El gerente del Hospital Materno Infantil, Federico Mangione, se refirió a la aplicación del aborto legal en Salta ante su aprobación. En este sentido, advirtió la dificultad de cumplir la normativa, ya que el centro de salud contaría con muy poco personal. Esto se debe a que el 95% de la plantilla de médicos se declara como «objetor de conciencia». Además, describió que ese porcentaje aumenta en los hospitales del interior de la Provincia.
Ante la inminente aprobación del Senado de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el gerente de la institución explicó la situación delicada. Sobre esta normativa cabe señalar que, a diferencia de la Ley promovida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Nación incluyó un articulado particular. Este da la posibilidad de que los integrantes del equipo de Salud se presenten como objetores de conciencia para no realizar la práctica.
«No tengo muchos médicos que hagan el procedimiento”
Sin embargo, es importante destacar que la institución sanitaria tiene la obligación de garantizar la concreción del aborto a la mujer que lo solicite. “Objetores de conciencia son casi el 95% de los médicos aquí”, aseguró Federico Mangione. Como bien apunta el DDN, el gerente del Hospital Público Materno Infantil advirtió que en el nosocomio se realizan habitualmente interrupciones de embarazos avanzados. Incluso después transitando el tercer trimestre «alrededor de una al día», precisó.
El gerente aseguró: “Nosotros vamos a acomodarnos a lo que la Ley diga. El tema es que no tengo muchos médicos que hagan el procedimiento”. De este modo también vaticinó que la situación será aún más compleja en el interior de la Provincia de Salta. Según detalló, el número de objetores de conciencia se «incrementa exponencialmente». Incluso las prácticas actualmente autorizadas por la legislación son derivadas al HPMI.
No se pueden negar ante la vida en peligro
Cabe precisar que la objeción de conciencia que incluye el proyecto establece que los centros de salud privados o de la seguridad social tienen la posibilidad de negarse a la práctica. Sin embargo, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
