SALTA (Redacción) – Hace casi una semana, la legalización del aborto se convirtió en ley y las repercusiones continúan vigentes. En este nuevo marco, se analizan los cambios que podría haber en la sociedad y en la Justicia con este nuevo derecho conquistado. Según adelantó la abogada feminista, Soledad Deza, exigirán el sobreseimiento de mujeres criminalizadas por abortar.
«Las mujeres criminalizadas por aborto dentro del primer trimestre de gestación inmediatamente debieran quedar sobreseídas», aseveró. Y además, añadió: «No es lo mismo que se archive la causa, hay que sobreseerlas». Cabe destacar que esta profesional participó de varios casos por este tipo de situación, como por ejemplo Belén, la tucumana que estuvo presa por haber sufrido un aborto espontáneo.
A esta iniciativa se sumaron las voceras del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD). «Siempre que los abortos sean compatibles con lo que se estipula ahora en la ley, juezas y jueces que intervienen en esas causas tienen que actuar de oficio, es decir, no lo tiene que pedir nadie, y deben aplicar la ley penal más benigna, que es la nueva ley donde ya no es delito cometer un aborto antes de la semana 14″, detallaron.
Desde el MGyD explicaron que esta medida se aplicaría en las causas que están en curso y con aquellas que ya se dictaminaron sentencias. Además, indicaron que «se extingue la acción penal por inexistencia de delito, es decir, que ya no se puede perseguir a esas personas y se libera a las que estén privadas de la libertad». Sin aplicar esta medida, las causas se archivan si no hay sobreseimiento y el prontuario queda abierto. «Entonces las mujeres no pueden acceder a un certificado de buena conducta para conseguir empleo», explicaron.
Actualizaciones de datos
Las autoridades señalaron que no hay datos oficiales de personas criminalizadas por aborto clandestino en el país. Por este motivo, distintas organizaciones comenzaron a realizar un relevamiento para obtener más información al respecto. A través de ello, descubrieron que hay 1.532 mujeres que afrontan causas penales por practicar la interrupción del embarazo y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.
