SALTA (Redacción) – La Justicia avance en las investigaciones acerca del regreso de ciudadanos a la Provincia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. A raíz de ello, imputaron a Silvia Magno por realizar viajes sin autorización y violación de la cuarentena. En este caso, se puso bajo la lupa el retorno de una comitiva de estudiantes desde Córdoba. Ante esta novedad, la empresaria no quiso declarar y deberá presentar su versión por escrito.
Este proceso se encuentra a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke. Asimismo, se reveló que la funcionaria pública tomó intervención de oficio en este caso, ya que había trascendido desde los medios de comunicación provinciales. Precisamente, se trata del viaje que realizaron 40 estudiantes el pasado jueves 9 de abril. Esa noche, el colectivo ingresó a la capital y se desplegó el protocolo sanitarios para evaluar el estado de salud de los ocupantes del vehículos.
Investigación
Sin embargo, la controversia surgió después de que trascendiera la versión de que cada uno de estos pasajeros habría pagado 3.500 pesos para regresar a Salta. Precisamente, la madre de uno de los viajeros había manifestado esta situación ante una radio local. Además, había indicado que el Ministerio de Seguridad provincial había demorado en brindar la autorización a este colectivo. Horas más tarde, el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, negó estas acusaciones.
Asimismo, el funcionario aclaró que solamente la Nación puede garantizar la viabilidad de esa clase de recorridos. Igualmente, confirmó que Salta oportunamente activó el protocolo sanitario ante la llegada del transporte a la ciudad. Posteriormente, la fiscal penal corroboró que la empresa Flor Azul SAS no había pedido autorización para este viaje. De la misma manera, observó que tampoco se gestionaron DUT (documento electrónico que debe generar la empresa) para los trayectos que la compañía efectuó el 2 de abril y el 10 de mayo.
Frente a estas evidencias, Simesen de Bielke decidió imputar provisionalmente a Silvia Susana Magno, quien es socia de la firma Flor Azul. Justamente, la empresaria afronta la acusación por el delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Finalmente, Magno optó por no declarar ante la fiscal y, en consecuencia, tendrá que expresar su descargo por escrito.
