SALTA (Redacción) – El déficit habitacional que sufre la Provincia volvió a generar que cientos de personas recurran a la ocupación de terrenos y predios para instalar asentamientos. En esta ocasión se instalaron en la finca La Moraleja, ubicada en la localidad de Las Lajitas. Según detallaron las autoridades, se comenzaron mediaciones para desalojar el lugar, de aproximadamente 50 hectáreas, que comenzó a ocuparse hace varias noches. Estiman que habría cerca de 1000 asentados y cuando intentó .
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que en investigación interviene la funcionaria de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic. Además precisaron que comenzó su accionar por una denuncia radicada el miércoles 26 de mayo por el apoderado de la firma Tentrio S.A. Se trata del administrador de la Finca La Moraleja, quien reclamó por la toma de terrenos en la zona.
Detalles de la denuncia por asentamientos
«Se estima que entre 800 y 1000 personas permanecen en el predio», agregó la Fiscalía y aseguró que «la mediación penal se realizará en breve». En tanto, según la denuncia mencionada, los empleados de La Moraleja observaron a quince personas. «Realizaban limpieza, quema de basura y cavaban pozos, aparentemente con intenciones de asentarse», mencionaron. Además, esa misma noche «se verificó la presencia de unas doscientas personas, entre varones mujeres y niños, de las cuales algunas se retiraron».
Cabe señalar que el predio en cuestión es un terreno de aproximadamente 50 hectáreas, sin perimetrar ni iluminación. Tiene acceso por distintos caminos alternativos y sendas peatonales. Además, desde el Ministerio Público explicaron que el río del Valle limita con uno de los sectores. En consecuencia, la fiscal solicitó a la jueza de Garantías de 1 de Joaquín V. González, Patricia Rahmer, «la prohibición de ingreso y medida de innovar, las cuales fueron otorgadas por la magistrada y se mantienen vigentes».
Intervención del municipio y agresiones
Del mismo modo, se vivieron momentos de tensión ante la intervención del intendente local. «Según consta en las actuaciones, la madrugada del 27 de mayo, concurrió al terreno usurpado el intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi junto al representante legal del municipio y el apoderado de la empresa, para solicitar que se retiren», relata la Fiscalía. Luego, a las 5:30 de la mañana, un grupo de 50 personas se negó a abandonar el lugar y comenzó a insultar y arrojar elementos contundentes hacia los efectivos. Uno de ellos, resultó con cortes en la cara.
«A las 8, empezaron a regresar más personas, y sumaron unas 150. La fiscal convocó al Intendente, al apoderado de la empresa y a representantes de la toma, para la mediación penal prevista en la Delegación Penal Las Lajitas para esa misma tarde. Dicha audiencia no pudo concretarse por razones de salud de la mediadora», agregó el Ministerio Público. En tanto, cerca de las 20 ya había unas ochocientas personas en el predio, entre varones, mujeres con niños en brazos y adultos mayores.
Cabe señalar que también consta en las actuaciones que desde el inicio de la toma, estuvieron los candidatos a concejales Milagros Córdoba, Moro Ledesma, Kike Castillo y Coquena Ledesma. Además, señalan que la noche del sábado 29 llegaron al predio el diputado provincial Marcelo Paz y el senador provincial Marcelo García, donde se reunieron con las familias asentadas.
Terrenos donados y pedido de seguridad en la zona
Pro su parte, el apoderado de la firma, amplió la denuncia por la ocupación en un segundo terreno de la finca. «Dejó constancia que parte de las tierras fueron donadas oportunamente al municipio de Las Lajitas, con destino habitacional», reveló. Por último, ante la creciente cantidad de personas asentadas y distintos hechos de violencia registrados el fin de semana, la fiscal García Pisacic solicitó ayuda al Ministerio de Seguridad de la Provincia.
«En dos oportunidades, que en carácter de muy urgente, dote de recursos humanos y materiales a la dependencia policial de la zona para tareas preventivas, al tiempo que ratificó que primará la mediación por sobre un pedido de desalojo», explicaron desde la Fiscalía.
